Desde hace 3 años, el 5 de octubre varias organizaciones de Derechos Humanos conmemoran el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo, en Argentina. En 1975 ese mismo día los montoneros secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas, ese era solo uno de los miles de atentados que provocaron víctimas, que a la fecha no han sido reconocidas ni por el Estado argentino ni por la historia.
Desde hace 3 años, el 5 de octubre varias organizaciones de Derechos Humanos conmemoran el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo, en Argentina. En 1975 ese mismo día los montoneros secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas, ese era solo uno de los miles de atentados que provocaron víctimas, que a la fecha no han sido reconocidas ni por el Estado argentino ni por la historia.
Herard Von Santos
redaccion@centroamerica21.com
El Estado argentino empezó a reconocer y a reivindicar a las víctimas con el advenimiento de la democracia en el año 1983. El Presidente Raúl Alfonsín dictó dos decretos, uno por el cual ordenaba el juzgamiento de las juntas militares que habían gobernado de facto desde el 24 de marzo de 1976 y otro decreto por el cual ordenaba lo mismo en el otro bando, es decir la persecución de los cabecillas y combatientes de las organizaciones subversivas.
Como resultado las juntas militares fueron juzgadas y condenadas, las víctimas de los actos terroristas ejecutados por los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo siguen esperando justicia. Victoria Villarruel, abogada argentina, abanderada de la lucha por la reivindicación de los que sufrieron el terrorismo señala que "hay doble moral a la hora de juzgar a los criminales de uno y otro bando".
En el limbo legal
Victoria dice no encontrar la diferencia entre el asesinato de Juan Eduardo Barrios, un niño de 3 años fallecido en un atentado a una sucursal bancaria mientras acompañaba a su madre a pagar un recibo y cualquiera de los casos de violencia ejercida por las juntas militares que han sido llevados a la justicia.
"El Estado le ha otorgado el goce de los derechos humanos, únicamente a aquellos que fueron miembros de organizaciones terroristas que sufrieron o pudieron haber sufrido violaciones a sus derechos humanos, entonces el gobierno les ha otorgado indemnizaciones, posibilidad de juzgar a los agentes del estado (militares y policías) que los detuvieron, además de una serie de homenajes en su honor. Por el contrario, el Estado ha ignorado a las victimas de estos ‘revolucionarios iluminados' que integraban las organizaciones terroristas, personas que eran realmente inocentes, es decir al civil que iba caminando por la calle y lo volaron de un tiro, a esa persona, el Estado no le reconoce nada".
El limbo legal en que se encuentran estas víctimas, Villarruel lo resume con un hecho de la realidad argentina actual, según la abogada, el procurador de la nación, Esteban Righi, ha girado orden a las sedes fiscales de toda Argentina de que ignoren los pedidos de juzgamiento de los subversivos, "que no se debe, bajo ningún concepto, ser declarados como delitos de lesa humanidad, los actos cometidos por las organizaciones subversivas; volviendo de esta manera, casi imposible poder juzgar a estas personas." Villaruel es todavía más específica y señala que "si uno reabre una causa judicial de aquellos años o inicia una nueva, le dicen que el acto está prescrito por no ser delito de lesa humanidad y eso es por una orden que emana del propio Estado". Esta irregularidad es atribuida por Victoria a los antecedentes del procurador Righi, quien en 1973, durante el gobierno democrático de Héctor José Campora, promovió y firmó una amnistía general para los subversivos que se encontraban presos. Después de esta liberación la violencia alcanzó niveles extremos de crueldad.
La organización que dirige Victoria Villarruel, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), tiene documentados los casos de más de 6,000 argentinos, la mayoría de ellos asesinados antes de la dictadura militar, "víctimas de una revolución que clamaba por la vida y las libertades sociales, pero que arrebató sin lástima alguna, la vida y la libertad de quienes se cruzaron en su camino". Muchas de las atrocidades cometidas por los subversivos fueron torturas y asesinatos de secuestrados en las ‘cárceles del pueblo'. Victoria señala que, desde la dictadura cubana, no se tenía un ejemplo tan claro del interés del Estado por escribir la historia y borrar a sus mártires.
La gestión internacional
En esta lucha cuesta arriba, Celtyv como asociación no gubernamental ha buscado a sus pares en América Latina, es decir aquellas asociaciones de víctimas del accionar terrorista, civiles o no combatientes, así encontraron una asociación en Uruguay, otra en Chile, en Colombia, y otra en Perú que han formado una federación de hecho, es la Federación Latinoamericana de Víctimas del Terrorismo. Victoria ha ido al extranjero, a varios lugares difundiendo lo que ha pasado en América Latina, ha estado en el Vaticano, con el ex-presidente español, José María Aznar, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Su próximo paso obviamente, es continuar con las causas que ya están abiertas en Argentina y de esta manera quedar habilitados para la instancia internacional, es decir para continuar con el trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La respuesta que han encontrado en el escenario internacional les hace abrigar esperanzas de que no todo está perdido. Una víctima del terrorismo es inocente de por sí, y eso en el resto del mundo se comprende perfectamente, el problema es que en países como Argentina todo esta muy politizado, muchos miembros de estas organizaciones armadas son funcionarios públicos y hay un interés muy concreto por parte del Estado de ignorar estos reclamos pero en el resto del mundo eso no pasa.
Victoria nos sigue comentando "nosotros hablamos con nuestros pares de España, es decir con las víctimas de la ETA y ellos comprenden perfectamente nuestra situación y de hecho hemos realizado en Argentina un evento, el 22 de abril de 2008, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, en el cual invitamos a una víctima de la ETA a que cuente su experiencia junto con víctimas de Argentina para demostrar que las experiencias son las mismas, no importa que haya sido en España o que sea en Argentina, el terrorismo obra de la misma manera, sobre todo el terrorismo de corte marxista".
Victoria no entiende como su gobierno apoya las marchas encabezadas por Ingrid Betancourt, mientras elude condenar claramente a las FARC. Mientras el Estado argentino presume de vanguardia en la lucha contra la impunidad ante la ONU, las víctimas del terrorismo se encuentran en situación de total violación a sus Derechos Humanos.
http://www.centroamerica21.com/edicion81/pages.php?Id=498
Desde hace 3 años, el 5 de octubre varias organizaciones de Derechos Humanos conmemoran el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo, en Argentina. En 1975 ese mismo día los montoneros secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas, ese era solo uno de los miles de atentados que provocaron víctimas, que a la fecha no han sido reconocidas ni por el Estado argentino ni por la historia.
Herard Von Santos
redaccion@centroamerica21.com
El Estado argentino empezó a reconocer y a reivindicar a las víctimas con el advenimiento de la democracia en el año 1983. El Presidente Raúl Alfonsín dictó dos decretos, uno por el cual ordenaba el juzgamiento de las juntas militares que habían gobernado de facto desde el 24 de marzo de 1976 y otro decreto por el cual ordenaba lo mismo en el otro bando, es decir la persecución de los cabecillas y combatientes de las organizaciones subversivas.
Como resultado las juntas militares fueron juzgadas y condenadas, las víctimas de los actos terroristas ejecutados por los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo siguen esperando justicia. Victoria Villarruel, abogada argentina, abanderada de la lucha por la reivindicación de los que sufrieron el terrorismo señala que "hay doble moral a la hora de juzgar a los criminales de uno y otro bando".
En el limbo legal
Victoria dice no encontrar la diferencia entre el asesinato de Juan Eduardo Barrios, un niño de 3 años fallecido en un atentado a una sucursal bancaria mientras acompañaba a su madre a pagar un recibo y cualquiera de los casos de violencia ejercida por las juntas militares que han sido llevados a la justicia.
"El Estado le ha otorgado el goce de los derechos humanos, únicamente a aquellos que fueron miembros de organizaciones terroristas que sufrieron o pudieron haber sufrido violaciones a sus derechos humanos, entonces el gobierno les ha otorgado indemnizaciones, posibilidad de juzgar a los agentes del estado (militares y policías) que los detuvieron, además de una serie de homenajes en su honor. Por el contrario, el Estado ha ignorado a las victimas de estos ‘revolucionarios iluminados' que integraban las organizaciones terroristas, personas que eran realmente inocentes, es decir al civil que iba caminando por la calle y lo volaron de un tiro, a esa persona, el Estado no le reconoce nada".
El limbo legal en que se encuentran estas víctimas, Villarruel lo resume con un hecho de la realidad argentina actual, según la abogada, el procurador de la nación, Esteban Righi, ha girado orden a las sedes fiscales de toda Argentina de que ignoren los pedidos de juzgamiento de los subversivos, "que no se debe, bajo ningún concepto, ser declarados como delitos de lesa humanidad, los actos cometidos por las organizaciones subversivas; volviendo de esta manera, casi imposible poder juzgar a estas personas." Villaruel es todavía más específica y señala que "si uno reabre una causa judicial de aquellos años o inicia una nueva, le dicen que el acto está prescrito por no ser delito de lesa humanidad y eso es por una orden que emana del propio Estado". Esta irregularidad es atribuida por Victoria a los antecedentes del procurador Righi, quien en 1973, durante el gobierno democrático de Héctor José Campora, promovió y firmó una amnistía general para los subversivos que se encontraban presos. Después de esta liberación la violencia alcanzó niveles extremos de crueldad.
La organización que dirige Victoria Villarruel, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), tiene documentados los casos de más de 6,000 argentinos, la mayoría de ellos asesinados antes de la dictadura militar, "víctimas de una revolución que clamaba por la vida y las libertades sociales, pero que arrebató sin lástima alguna, la vida y la libertad de quienes se cruzaron en su camino". Muchas de las atrocidades cometidas por los subversivos fueron torturas y asesinatos de secuestrados en las ‘cárceles del pueblo'. Victoria señala que, desde la dictadura cubana, no se tenía un ejemplo tan claro del interés del Estado por escribir la historia y borrar a sus mártires.
La gestión internacional
En esta lucha cuesta arriba, Celtyv como asociación no gubernamental ha buscado a sus pares en América Latina, es decir aquellas asociaciones de víctimas del accionar terrorista, civiles o no combatientes, así encontraron una asociación en Uruguay, otra en Chile, en Colombia, y otra en Perú que han formado una federación de hecho, es la Federación Latinoamericana de Víctimas del Terrorismo. Victoria ha ido al extranjero, a varios lugares difundiendo lo que ha pasado en América Latina, ha estado en el Vaticano, con el ex-presidente español, José María Aznar, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Su próximo paso obviamente, es continuar con las causas que ya están abiertas en Argentina y de esta manera quedar habilitados para la instancia internacional, es decir para continuar con el trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La respuesta que han encontrado en el escenario internacional les hace abrigar esperanzas de que no todo está perdido. Una víctima del terrorismo es inocente de por sí, y eso en el resto del mundo se comprende perfectamente, el problema es que en países como Argentina todo esta muy politizado, muchos miembros de estas organizaciones armadas son funcionarios públicos y hay un interés muy concreto por parte del Estado de ignorar estos reclamos pero en el resto del mundo eso no pasa.
Victoria nos sigue comentando "nosotros hablamos con nuestros pares de España, es decir con las víctimas de la ETA y ellos comprenden perfectamente nuestra situación y de hecho hemos realizado en Argentina un evento, el 22 de abril de 2008, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, en el cual invitamos a una víctima de la ETA a que cuente su experiencia junto con víctimas de Argentina para demostrar que las experiencias son las mismas, no importa que haya sido en España o que sea en Argentina, el terrorismo obra de la misma manera, sobre todo el terrorismo de corte marxista".
Victoria no entiende como su gobierno apoya las marchas encabezadas por Ingrid Betancourt, mientras elude condenar claramente a las FARC. Mientras el Estado argentino presume de vanguardia en la lucha contra la impunidad ante la ONU, las víctimas del terrorismo se encuentran en situación de total violación a sus Derechos Humanos.
http://www.centroamerica21.com/edicion81/pages.php?Id=498
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