En las últimas semanas se han registrado en el país dos hechos relacionados a las víctimas de la guerra que sufrió nuestro país, esto ha generado una polémica en torno a las responsabilidades y la necesidad de justicia y reparación de los daños causados.
redaccion@centroamerica21.com
Por un lado, dos organismos internacionales de Derechos Humanos solicitaron a la Audiencia Nacional de España la apertura de un proceso contra catorce militares salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani, por el asesinato en 1989 de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras.
Por otro lado, la publicación del libro Informe de una matanza, grandeza y miseria en una guerrilla, ha puesto al descubierto el asesinato de más de mil combatientes y colaboradores civiles de la agrupación guerrillera comandada por Salvador Sánchez Cerén, actual candidato a la vice presidencia de la república, bajo la acusación de ser infiltrados del enemigo. Las ejecuciones ocurrieron entre 1986 y 1991 en el frente paracentral.
En el primer caso, aunque anteriormente se juzgó y condenó a varios militares, la parte ofendida considera que éstos eran solo los autores materiales, y que los autores intelectuales han quedado en la impunidad. En el segundo caso, los responsables de las ejecuciones no han enfrentado ningún juicio, y el hecho ni siquiera fue mencionado, pese a su gravedad, en el informe de la Comisión de la Verdad.
Durante un programa televisivo en que uno de los autores del mencionado libro, Geovani Galeas, explicaba cómo, cuándo y dónde ocurrieron las ejecuciones sumarias perpetradas por la guerrilla, una televidente llamó por teléfono para decir que el caso de los jesuitas sí merecía atención y justicia, "porque ellos eran santos", y que no era comparable con las otras ejecuciones "porque esos eran guerrilleros".
La semana pasada, en el periódico digital El Faro, Ricardo Ribera, profesor de filosofía e historia de la UCA, escribió una columna en la que apoya lo dicho por la televidente en cuestión. Entre otras cosas, Ribera dice:
"Centenares de ejecuciones sumarias de combatientes y colaboradores se habrían dado con el consentimiento del actual candidato (Salvador Sánchez Cerén). El caso nunca fue incluido en la lista de los que investigó la Comisión de la Verdad por una razón bien sencilla: por atroces que hayan sido esos abusos y violaciones a los derechos humanos, la Comisión consideró que se trataba de purgas internas o de casos de espionaje o de infiltración por el enemigo. Las víctimas no eran civiles. Eran combatientes en situación de guerra". Y agrega: "Es un caso que no puede equipararse a la masacre de El Mozote, con un millar de víctimas civiles, de todas las edades, o de las cuatro monjas violadas y después asesinadas, o del arzobispo abatido por la bala de un francotirador a mitad de la misa, o de los seis sacerdotes y dos colaboradoras de la UCA, sacados de sus camas para ser acribillados por una unidad de elite del ejército. No son comparables".
Sin embargo, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuellar, plantea una visión distinta. En una entrevista en el canal 12 de Televisión, realizada por William Meléndez el pasado jueves, al referirse a las ejecuciones sumarias perpetradas por la guerrilla, expresó:
"Cuando se dice que se trataba de combatientes, y que por eso el caso es distinto, no es distinto. Hay Derecho Internacional Humanitario, hay Convenios de Ginebra. Desde el momento en que yo te desarmo en mi campamento guerrillero, te torturo y te mato a garrotazos, es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que debe ser igualmente investigada, castigada y reparado el daño a las víctimas".
En otro momento de la entrevista manifestó: "Lo que pedimos es que se derogue la Ley de Amnistía, que se apruebe una Ley de Reconciliación que asuma las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, reparando el daño a las víctimas, dignificándolas, reconociendo que eran personas honorables, y reconociendo su responsabilidad el Estado y también la guerrilla".
Sobre el planteamiento del director del IDHUCA, Meléndez ahondó sobre las implicaciones que esto tendría "poner en el banquillo de los acusados, someter a procesos judiciales, hacer condenas a funcionarios ya sea del gobierno o del FMLN..."; sobre el tema Cuellar planteo una alternativa que implica un nuevo pacto social "perdón para los que pidan perdón, reparación para quiénes necesiten reparación, y fortalecimiento de las instituciones".
A las víctimas del paracentral y a sus familiares no se les ha pedido perdón, no se ha reconocido su honorabilidad ni su aporte al proceso nacional; por el contrario, se sigue afirmando que fueron infiltrados, traidores a la causa revolucionaria, y que por tanto y dentro de las leyes de la guerra lo que les correspondía era el ajusticiamiento.
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Por un lado, dos organismos internacionales de Derechos Humanos solicitaron a la Audiencia Nacional de España la apertura de un proceso contra catorce militares salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani, por el asesinato en 1989 de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras.
Por otro lado, la publicación del libro Informe de una matanza, grandeza y miseria en una guerrilla, ha puesto al descubierto el asesinato de más de mil combatientes y colaboradores civiles de la agrupación guerrillera comandada por Salvador Sánchez Cerén, actual candidato a la vice presidencia de la república, bajo la acusación de ser infiltrados del enemigo. Las ejecuciones ocurrieron entre 1986 y 1991 en el frente paracentral.
En el primer caso, aunque anteriormente se juzgó y condenó a varios militares, la parte ofendida considera que éstos eran solo los autores materiales, y que los autores intelectuales han quedado en la impunidad. En el segundo caso, los responsables de las ejecuciones no han enfrentado ningún juicio, y el hecho ni siquiera fue mencionado, pese a su gravedad, en el informe de la Comisión de la Verdad.
Durante un programa televisivo en que uno de los autores del mencionado libro, Geovani Galeas, explicaba cómo, cuándo y dónde ocurrieron las ejecuciones sumarias perpetradas por la guerrilla, una televidente llamó por teléfono para decir que el caso de los jesuitas sí merecía atención y justicia, "porque ellos eran santos", y que no era comparable con las otras ejecuciones "porque esos eran guerrilleros".
La semana pasada, en el periódico digital El Faro, Ricardo Ribera, profesor de filosofía e historia de la UCA, escribió una columna en la que apoya lo dicho por la televidente en cuestión. Entre otras cosas, Ribera dice:
"Centenares de ejecuciones sumarias de combatientes y colaboradores se habrían dado con el consentimiento del actual candidato (Salvador Sánchez Cerén). El caso nunca fue incluido en la lista de los que investigó la Comisión de la Verdad por una razón bien sencilla: por atroces que hayan sido esos abusos y violaciones a los derechos humanos, la Comisión consideró que se trataba de purgas internas o de casos de espionaje o de infiltración por el enemigo. Las víctimas no eran civiles. Eran combatientes en situación de guerra". Y agrega: "Es un caso que no puede equipararse a la masacre de El Mozote, con un millar de víctimas civiles, de todas las edades, o de las cuatro monjas violadas y después asesinadas, o del arzobispo abatido por la bala de un francotirador a mitad de la misa, o de los seis sacerdotes y dos colaboradoras de la UCA, sacados de sus camas para ser acribillados por una unidad de elite del ejército. No son comparables".
Sin embargo, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuellar, plantea una visión distinta. En una entrevista en el canal 12 de Televisión, realizada por William Meléndez el pasado jueves, al referirse a las ejecuciones sumarias perpetradas por la guerrilla, expresó:
"Cuando se dice que se trataba de combatientes, y que por eso el caso es distinto, no es distinto. Hay Derecho Internacional Humanitario, hay Convenios de Ginebra. Desde el momento en que yo te desarmo en mi campamento guerrillero, te torturo y te mato a garrotazos, es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que debe ser igualmente investigada, castigada y reparado el daño a las víctimas".
En otro momento de la entrevista manifestó: "Lo que pedimos es que se derogue la Ley de Amnistía, que se apruebe una Ley de Reconciliación que asuma las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, reparando el daño a las víctimas, dignificándolas, reconociendo que eran personas honorables, y reconociendo su responsabilidad el Estado y también la guerrilla".
Sobre el planteamiento del director del IDHUCA, Meléndez ahondó sobre las implicaciones que esto tendría "poner en el banquillo de los acusados, someter a procesos judiciales, hacer condenas a funcionarios ya sea del gobierno o del FMLN..."; sobre el tema Cuellar planteo una alternativa que implica un nuevo pacto social "perdón para los que pidan perdón, reparación para quiénes necesiten reparación, y fortalecimiento de las instituciones".
A las víctimas del paracentral y a sus familiares no se les ha pedido perdón, no se ha reconocido su honorabilidad ni su aporte al proceso nacional; por el contrario, se sigue afirmando que fueron infiltrados, traidores a la causa revolucionaria, y que por tanto y dentro de las leyes de la guerra lo que les correspondía era el ajusticiamiento.
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